El general ordena; Andrés Manuel acata
* López Obrador, rebasado por Sandoval * Armas del Ejército para los cárteles * Y Andrés Manuel decidido a militarizar * Ahued pasa del primero al tercer lugar en aprobación * Por segunda vez, Pepe Yunes rechaza la militarización * Y al segundo año, Marín Mollinedo cayó * La vida de Tino Bolaños pende de un hilo.
Por Mussio Cárdenas Arellano
Andrés Manuel, el títere del general, se aferra a un Ejército del que brota pus, que trafica armas al crimen organizado, implicado en crímenes, en desvío de recursos financieros y a un secretario de la Defensa que desdeña al Congreso y viola la ley.
López Obrador, el monigote de los verdes, ha cedido el poder a militares que espían y vulneran la vida privada; que escuchan a sicarios planear cómo cercenar una vida y no lo impiden; que en las aduanas dejan pasar el combustible robado y las armas para la delincuencia,
El presidente —el obsesivo presidente que denuesta a todos— es rehén de un Ejército que se infiltra en la vida de la familia presidencial, de amigos y cómplices, de líderes opositores, no en labores de inteligencia sino en burdo espionaje, transgrediendo leyes y derechos humanos.
Y el general secretario, Luis Cresencio Sandoval González, asume que ya no es militar. Es rey. Es emperador. Es el auténtico poder tras el trono. Es dictador.
Sus lujos no son los de un soldado de alto rango. Dilapida el presupuesto en gustos caros, obsequios insolentes, lentes de sol Cartier de 24 mil pesos; corbatas de mil 700; mascadas Pineda Covalín con precio que va de los de los mil 700 a los 3 mil 200 pesos; tequila, mezcal y vino.
Entre los agasajados se cuentan el mayor intendente de la Sedena, Gerardo Garay Herrera; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, una de las acudían a dejar su “diezmo” al centro de mando de Andrés Manuel, según el libro El Rey del Cash, de Elena Chávez, y el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, cuyo conflicto con López Obrador se disipó.
Otros beneficiarios se cuentan, de acuerdo con los correos divulgados por Guacamaya, el titular de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, nieto del general Marcelino García Barragán, quien fuera secretario de la Defensa Nacional cuando la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, y el presidente y dueño de Grupo Vidanta, Daniel Jesús Chávez Morán, tapadera de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de México, al serle detectada una vida de lujo en Houston, Texas, Estados Unidos.
A esa lista se suma el secretario ausente de Comunicaciones, Transportes e Infraestructura, Jorge Arganis, al que le detectaron millones de pesos invertidos en un paraíso fiscal, información revelada por Pandora Papers, al igual que Scherer Ibarra y Julia Abdala, pareja del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, y el director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Arturo Martínez Santoyo.
El general no ha ganado una sola batalla pero goza de la vida en rosa. El Ejército es corrido de poblaciones dominadas por el narco. El Ejército es obligado a bajar las armas, ceder territorios al crimen organizado, a soportar desplantes, agresiones, violencia del crimen organizado. El Ejército rinde la plaza. Y esa plaza es México.
Allá, en la cúpula, Luis Cresencio Sandoval detenta el poder absoluto. Mueve a Andrés Manuel. Decide sin cortapisa. Maniobra política y judicialmente. Activa la militarización, vía la Guardia Nacional, que fue civil sólo de nombre, mentira urdida por López Obrador. Y no se confronta con los capos, sólo con los peones el narco y de otros apéndices del crimen organizado. El combate a la inseguridad es una simulación.
El general es constructor, empresario, negociante, cabildero, hace política. Y se hace sentir en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Su agenda, describe la revista Proceso, es activismo puro. “De acuerdo con los documentos filtrados por el colectivo Guacamaya, sólo entre julio y septiembre pasados el titular de la Sedena se reunió con exsecretarios de la Defensa, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y hasta con empresarios de la industria ferroviaria y aeronáutica”.
Y si se le antoja, manda al diablo al Congreso que requería una explicación del hackeo del colectivo Guacamaya a la Secretaría Nacional. Y se le antojó.
Conminado a comparecer ante la Cámara de Diputados, Luis Cresencio Sandoval dijo que sí, pero no en el Congreso. La “reunión” sería en sus oficinas. Su argumento, que no fuera a ser grabado.
Puso lugar y fecha. Sería el martes 18 de octubre. Y de pronto canceló “hasta nuevo aviso”.
Es un desaire y algo peor. Es un desacato a la ley. Y el pseudocomandante supremo de las Fuerzas Armadas, el susodicho López Obrador, consintió la burla.
Guacamaya Leaks es un golpe brutal a la imagen del Ejército. Millones de documentos —seis terabytes de información— revelan que la milicia sirve para poco y, peor, es usada de forma ilegal.
Guacamaya Leaks describe acciones y omisiones del Ejército, del general Sandoval, del uso de su correo personal para alojar o trasladar información clasificada.
Guacamaya Leaks permitió saber cómo nueve ex pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana fue reclutada por el narco. Tres de los pilotos se encuentran en cárceles de Centro y Sudamérica.
El hackeo estableció la mecánica usada por dos militares de bajo rango, uno de ellos identificado como “Antiguo”, operando la venta de armas a los cárteles de la droga, ofreciendo granadas, armas largas y equipo táctico. Uno de los militares tenía su base en el Campo Militar No. 1, en la Ciudad de México y la entrega de las armas se realizó en Atlacomulco, Estado de México.
El correo revela cómo una de las bandas criminales encargaron “dos millares de municiones para fusil AK-47, cinco millares para R-15 y 50 cargadores de cada tipo de rifle”.
No actuar ante el embate del narco es humillante. Peor cuando la corrupción permea, se mimetizan los delincuentes con los garantes de la ley, se funden los criminales con los custodios de la patria.
Guacamaya Leaks es una resonancia magnética del régimen. Detecta punto por punto, milímetro a milímetro, el deterioro de un Ejército que, su degradación.
Luego del hackeo, no habrá gobierno extranjero dispuesto a cruzar información con el Ejército mexicano, a compartir hallazgos sobre cárteles, a identificar la ubicación de capos, a implementar acciones para destruir su estructura financiera.
El Ejército sirve para cuidar a la señora presidenta, Beatriz Gutiérrez Müller, en vacaciones. Es el retrato de la 4T versión fifí, al estilo Calderón, al estilo Peña Nieto.
El hackeo da cuenta de la vida de opositores, empresarios, críticos. Es espionaje.
Espía el Ejército a gobernadores de Morena —Cuitláhuac, de Veracruz; Cuauhtémoc, de Morelos; Merino, de Tabasco; Rutilio, de Chiapas; Layda, de Campeche; Gallardo, de San Luis Potosí— y les hallan vínculos con el crimen organizado.
Adán Augusto López Hernández, siendo gobernador de Tabasco, entregó la Secretaría de Seguridad a tres mandos del narco. Hoy, desde Gobernación aspira a ser el sucesor de Andrés Manuel.
Todo se sabe sobre la mayor bajeza de López Obrador: soltar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en el llamado Culiacanazo. Pero faltaba la versión interna del Ejército. A detalle, minuto a minuto, fue registrado el agravio presidencial a la ley, el agravio a los militares, los heridos, la vergüenza.
Y el general en su vida de oropel. Luis Cresencio Sandoval trabando acuerdos, en el negocio militar, el cabildeo judicial, la exoneración de soldados en violaciones a derechos humanos, la impunidad de los involucrados en Ayotzinapa, invalidando las órdenes de aprehensión.
Y Andrés Manuel acatando la instrucción, militarizando al país.
Archivo muerto
La buena es que Ricardo Ahued es de los alcaldes mejor calificados del país; la mala es que bajó de nivel. En la última semana de agosto, la firma Arias Consultores lo situaba como el número uno entre los presidentes municipales de México con una aprobación del 78.5 por ciento. El 9 de octubre, también de acuerdo con la empresa Arias, el edil de Xalapa se hallaba en tercer lugar nacional, sólo por detrás de César Garza Villarreal, alcalde de Apodaca, Nuevo León, el que obtuvo 75.4 por ciento de aprobación, y Armando Martínez Manríquez, de Morena, presidente municipal de Altamira, con 74.1 por ciento. Ricardo Ahued tiene el respaldo del 71.6 por ciento de los xalapeños. Como sea, y a medida que la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García, se despeña por la suma de errores, que van desde la fallida inauguración de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, entregada sin terminar y con más del doble de la inversión prometida, y su Ley Eléctrica que no pasó en el Congreso federal y la adecuación de normas energéticas que ya detonaron el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, Ahued se perfila como el próximo candidato de Morena al gobierno de Veracruz en 2024. Muy cuajado el proyecto, siempre y cuando el descenso no se agudice… Doble “no” de Pepe Yunes a la militarización demencial. A contrapelo de esa bazofia llamada PRI, de su líder nacional, el sátrapa y corrupto vulgar, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, y de sus congéneres de curul, el diputado federal por Coatepec votó en contra de extender la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad hasta 2028. Primero, cuando la iniciativa de López Obrador, vía la legisladora tricolor Yolanda de la Torre, pasó por el voto en el recinto de San Lázaro. Sólo Pepe Yunes y Sue Ellen Bernal, desentonaron en la bancada priista. El resto de la pandilla se plegó a los dictados de su amo, el ínclito Andrés Manuel, y avalaron la militarización. Tras las modificaciones que le realizó el Senado a la iniciativa de reforma al artículo 5o. transitorio de la Ley de la Guardia Nacional, regresó a la Cámara de Diputados. Y de nuevo Pepe Yunes refrendó su voto en contra. Dígase lo que se dígase, fue un acto de congruencia frente a la traición perpetrada por la bancada inmoral del PRI. Mientras Pepe Yunes resalta por la solidez de sus decisiones, la basura llamada PRI se hunde en el lodazal de la militarización impulsada por López Obrador… Y al segundo año, Marín Mollinedo cayó. Se va el anquilosado, el aletargado, el ineficiente Rafael Marín Mollinedo, cuya incapacidad mantiene varado el Corredor Interoceánico del Istmo del Tehuantepec (CIIT). Concluirá una fase más del proyecto y se irá. Le da una salida suave su compadre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, harto del rezago, del entuerto de la compra de las tierras, del derecho de vía no liberado, de la ineptitud hasta para licitar las obras de las terminales de contenedores en Coatzacoalcos. Dos años y ocho meses desde aquel 5 de febrero de 2020 cuando se anunció el fallo de cinco licitaciones para rehabilitar las vías férreas y desde entonces, día tras día, las genialidades de Marín Mollinedo arruinaron el mejor proyecto del obradorato. Las constructoras duplicaron los tiempos de ejecución y aún no terminan. Decenas de comunidades, principalmente en Oaxaca, se niegan a vender sus tierras al precio que el gobierno de la Cuarta Putrefacción les ha fijado. López Obrador finalmente entregó el proyecto a la Secretaría de Marina y a los gobiernos de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, preservándolo de cualquier intento de privatización futura, y arguyendo que sólo se evitaría que el Cártel Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones criminales ejercieran el control sobre la franja que une al Golfo de México con el Océano Pacífico. Tampoco lo logró. Y al final, Marín Mollinedo se va, tal como lo anunció el mesías de Macuspana en su diatriba matinal. Es el costo de negarse a escuchar que el compadre le iba a pudrir el Corredor… La vida de Tino Bolaños pende de un hilo. Una seria amenaza llegó a su Whatsapp. Y le dicen que van por él, que lo tienen ubicado, que ni su rostro van a encontrar. Agustín “Tino” Bolaños, quien fuera representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Órgano Público Local Electoral, ha tocado fibras sensibles y fustigado a personajes de piel delgada. Hizo trizas con un video a la ex candidata a agente municipal de Villa Allende, Yolanda Sagrero, protegida de Pepe Peña, marido de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y del clan Víctor Carranza-Miguel Pintos, cuyos abusos e ilegalidades permitieron ver la inmundicia con que Morena gobernó Coatzacoalcos de 2018 a 2021. Tino Bolaños le puso el cascabel al Partido Verde y a su entonces controladora, Mónica Robles Barajas, siendo representante ante el electoral. Tino Bolaños es un crítico contumaz del ayuntamiento morenista encabezado por Amado Cruz Malpica. Y no han faltado escándalos personales que han sacudido su entorno, atizados en redes sociales por sus enemigos. Pero nada tan estridente y preocupante como la amenaza del 5 de octubre. “Desde hoy te vamos a perrear para que mires que no es juego —le dicen—. Esto es la primera advertencia. Segunda ya no hay. No vuelvas a sacar ni madres del municipio, porque no vas a contar, hijo de tu puta madre”. Tino Bolaños no se arredró. Se mofó de quienes proferían la amenaza. Registró el número telefónico y lo reportó. “Recuerda esa palabra: grupo La Sombra. Y cuando te tengamos, te voy a dar mi cara, hijo de tu puta madre, porque la tuya no sé si la vayan a encontrar”. Y le advierten que pagaron poco por su vida. Muchos frentes, muchos intereses afectados, y ahora la amenaza de muerte. Habrá escándalo si la vida de Tino Bolaños se ve cortada. Una buena parte de la clase política desfilará por la Fiscalía de Veracruz…
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