Mientras Winckler huye, los Yunes festejan
* Tribunal federal le niega el amparo * Dos años a salto de mata * Y los Yunes vacacionan, pasean y hasta congenian con López Obrador * Caso Caro Quintero: punto para Andrés Manuel * Y para El Mayo y Los Chapitos * Otra corruptela de Lizandro * Triste final de Aguilar Zubieta * Un crimen brutal.
Por Mussio Cárdenas Arellano
A salto de mata, Jorge Winckler vive su desgracia, un prestigio destruido, el índice del poder acusándolo de tortura, de violar la ley. Winckler y su injusta tragedia. Y no lejos, sus mecenas, los Yunes azules, de fiesta, de carnaval, en la alcaldía, en la felicidad total.
Agazapado, Winckler vive días oscuros y angustias diarias, asediado por Cuitláhuac García y la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns, capoteando una orden de aprehensión y observando que allá, en el puerto, en el feudo, las risas, la alegría, no paran y hasta Patricia Lobeira de Yunes congenia con Andrés Manuel López Obrador.
Winckler vive un calvario bíblico al tiempo que los Yunes azules disfrutan de los misterios gozosos en el rosario del poder.
Ya no volverá a la Fiscalía de Veracruz, sepultado su caso por un tribunal de chueco, el Colegiado en Materia Administrativa de Boca del Río, que atropella con desparpajo y descaro el derecho de las víctimas —“y no me salgan con que la ley es la ley”— desechando un proyecto para restituirlo como fiscal.
Por mayoría —dos magistrados contra uno—, se dio por legal lo que es ilegal. Se dio por justo lo que es injusto, se negó un amparo que rehabilitaría a Jorge Winckler Ortiz y tácitamente validó que no fuera el pleno del Congreso de Veracruz el que destituyera a Winckler, como señala la Constitución local, sino la cáfila marrullera de Morena, los sucios diputados de la recua de Juan Javier Gómez Cazarín, en una Comisión Permanente que carecía de atribuciones para tumbarlo.
El tribunal de chueco de Boca del Río es algo parecido, aunque mucho más indecente, que la Tremenda Corte de Tres Patines. Uno de los magistrados, Roberto Castillo Garrido, adujo una zarandaja fenomenal: que las violaciones al procedimiento de remoción “no pueden estudiarse en este momento”. ¿Entonces cuándo, güey, si ese era el punto crucial?
El otro leguleyo, Alfonso Ortiz, se aventó una maroma peor. Sí existió —dijo— un proceso de destitución iniciado por el Congreso local “por lo que la separación temporal y luego definitiva estuvieron dentro del marco legal”.
Pues no. A Jorge Winckler Ortiz lo designó el PLENO del Congreso de Veracruz para el cargo de fiscal general y su remoción sólo podía realizarla el PLENO del Congreso.
El golpe asestado por los dos magistrados es contrario a la ley. Ignora la Constitución de Veracruz, violenta el derecho de Winckler, evita su regreso a la Fiscalía, frustra la remoción de Verónica Hernández Giadáns e impide revertir el descomunal abuso de autoridad de esta caterva de maleantes, el encarcelamiento de inocentes, la existencia de presos políticos, el estado de terror en que Morena sumió a Veracruz.
Winckler es el hilo delgado del conflicto Yunes-López Obrador. Es la hebra que cedió ante la presión y reventó. Y de ser un fiscal que llevó a prisión al duartismo voraz, terminó huyendo por la persecución del desgobernador Cuitláhuac García y su banda criminal.
Su cabeza tuvo precio tras la derrota de Miguel Ángel Yunes Márquez. Se perdió la gubernatura y el poder se desvaneció. Se fueron los Yunes azules. Se debió ir Winckler pero lo usaron. Alguien debía cuidar la retirada. Y ofrendarse. Y morir en la gesta patriótica.
A Winckler lo desairaron López Obrador, Cuitláhuac, alias La Vedette; el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, el que cuida que un cártel no vea violentado su territorio por otro cártel; Hugo “Pistolas”, secretario de Seguridad, el del Cártel de la SPP.
Le negaban el acceso a las mesas de seguridad “para la construcción de la paz” (qué mamón es López Obrador con esos membretes) mientras Veracruz se ahoga en un mar de sangre.
Le imputaban la ola delictiva cuando que la prevención es tarea de las policías estatal y municipal. Cisneros siempre usó esa falacia para responsabilizarlo de la inseguridad desbordada.
La gota que derramó el vaso ocurrió en Coatzacoalcos. Cuatro malandros quemaron el teiboldans Caballo Blanco con saldo de 30 muertos, la mayoría asfixiados, y se le fueron encima a Winckler.
Primero, que un delincuente apodado “La Loca” habría sido el autor del crimen. Cuitláhuac García engañó a López Obrador haciéndolo decir desde el púlpito de la mañanera que la Fiscalía de Winckler lo tuvo detenido por un evento anterior y lo soltó.
Minutos después, Winckler desmintió a Andrés Manuel. “La Loca” fue aprehendido por la Fiscalía General de la República, o sea la fiscalía del ámbito federal, y con la misma lo dejaron libre. Luego ocurrió la masacre. Y hasta “La Loca” desmintió que tuviera algo que ver.
Pero la FGR tenía la instrucción de embestir y quitarlo del camino. Atrajo el caso y sometió a investigación a Winckler y su estructura de fiscales. De ahí a la remoción había un paso.
Asediado, perseguido, Jorge Winckler no sólo dejó la Fiscalía de Veracruz vía una trastada de Cuitláhuac y su mastín en el Congreso estatal, Juan Javier Gómez Cazarín, líder de la fracción parlamentaria de Morena, un gañán de baja estofa y un historial de trastadas, incluida la venta de autos de los que no entregaba documentación, uno de ellos marca Volkswagen Jetta, por el que firmó un pagaré que se ha negado a liquidar, derivándole una demanda civil en el Juzgado Segundo de Coatzacoalcos.
Winckler pasó de fiscal a acusado. Y perseguido. Le imputan tortura, secuestro y abuso de autoridad. El caso se remite a un chofer de su antecesor, Luis Ángel Bravo Contreras, alias Fisculín, cuya declaración sirvió a la banda de Cuitláhuac y Verónica Hernández Giadáns para lograr una orden de aprehensión. Los jueces en Veracruz para eso están. Son la mafia judicial.
Ahí cambió su destino. Y su vida. De fiscal pasó a imputado. De la gloria se precipitó al infierno. Su única opción era lograr el amparo que lo restituyera en el cargo, revertir las denuncias en contra, ajustar cuentas con la fiscal espuria, liberar presos políticos y ciudadanos inocentes. Pero dos magistrados de la Tremenda Corte de Boca del Río le negaron el amparo violentando la ley.
A un paso de la cárcel, Winckler vive una pesadilla. De aquel abogado brillante, nada queda. Su prestigio se hizo trizas, su carrera frustrada, su familia sufriendo su ausencia.
Contra Winckler, contra el fiscal anticorrupción del yunismo, Marcos Even Torres, y contra una decena de funcionarios que actuaban contra el duartismo, el asedio ha sido implacable.
Agazapado, sabe Winckler que si entra a prisión no saldrá en años. Y mientras, sus mentores, los Yunes azules, los que controlan a la mitad del PAN, viajan y gozan, disfrutan una temporada en España, que a Miguel Ángel Yunes Márquez le costó no acreditar la residencia efectiva para ser candidato a la alcaldía de Veracruz.
A Fernando Yunes, su otro mecenas, se le ve en el maratón de Nueva York o en el Super Bowl. O en los negocios al amparo del poder, sus amigos —¿prestanombres?— convertidos en propietarios de las torres empresariales y departamentales de la conurbación Veracruz-Boca del Río.
Y Patricia Lobeira, esposa de Chiquiyunes, la pieza emergente para no soltar la alcaldía de Veracruz, congeniando con Andrés Manuel López Obrador, el artífice de la persecución a Winckler; o con Cuitláhuac, el brazo ejecutor de la embestida.
Le sonríe Paty Yunes al presidente. Le agradece. Es la súbdita frente al emperador. Gracias al proyecto del tirano, Veracruz tiene empleo, los que genera Nestlé y Constellation Brands.
Y Patricia Lobeira preside la fiesta, el Carnaval, el Festival de las Velas, contagiada de la alegría del pueblo jarocho, así el gobierno de Cuitláhuac García arrebate el Acuario de Veracruz, así Morena vuelva a traer el futbol profesional al puerto.
A salto de mata los ve Jorge Winckler, él pagando el costo de enfrentar al obradorismo y los Yunes azules en la vida loca del poder.
Así es el juego. Mientras Winckler huye, los Yunes festejan.
Archivo muerto
Punto para López Obrador. Y para El Chapo, los Chapitos, el Mayo Zambada. Con la captura de Rafael Caro Quintero, el Cártel de Sinaloa tiene un enemigo menos. Los Chapitos y El Mayo están de plácemes, felices, sabiendo que Andrés Manuel neutralizó a su más enconado rival. Tácitamente se debilita el Cártel de Caborca, que Caro Quintero había reinsertado en la lucha por el control de puntos clave en el trasiego de droga hacia Estados Unidos, vía alianzas con La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez. Punto en contra para López Obrador: si Caro Quintero es extraditado a Estados Unidos y “canta”, la seguridad y libertad de Manuel Bartlett Díaz penden de un hilo. Bartlett, hoy director de la la Comisión Federal de Electricidad en el gobierno obradorista, fue secretario de Gobernación en el régimen de Miguel de la Madrid, cuando ocurrió el secuestro, tortura y muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, a manos de Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, cabezas del Cártel de Guadalajara. Bartlett los protegió como también encubrió que la Dirección Federal de Seguridad, la policía política del gobierno mexicano, se hubiera convertido en el ente con el que el narcotráfico pactó. A partir de ahí se trazó la ruta hacia el narcogobierno, lo que hoy es una tragedia nacional. Todo un criminal, a Caro Quintero se le imputa también el brutal asesinato de 11 integrantes de la familia Le Baron —tres mujeres y ocho niños—, a los que los matarifes del “narco de narcos” rafaguearon y quemaron vivos entre los límites de Chihuahua y Sonora y que provocó una reacción virulenta de círculos políticos norteamericanos por tratarse de ciudadanos con doble nacionalidad, incluso exigiendo declarar terroristas a los grupos de la delincuencia organizada por el nivel de violencia ejercida. Todo se precipita tras la visita nada triunfal de Andrés Manuel a su homólogo norteamericano, Joe Biden. Falta ver a Bartlett en prisión, extraditado y condenado para lo que le queda de vida y así hacerle justicia a Enrique Camarena Salazar… La red de extorsión de Obras Públicas Municipales no tiene llenadera. A Jacqueline Carballo le impusieron sellos de clausura en su casa de la colonia Las Gaviotas sin que realice construcción o modificación de su vivienda. Y la conminan a llevar 6 mil pesos a la Dirección Jurídica y arreglarse sin que la Tesorería Municipal de Coatzacoalcos se dé por enterada. Un audio y un video dejan ver la trastada de la que una vez más es protagonista el no abogado Lizandro Pérez Hernández. El inspector Jesús Mendoza se hizo presente, arguyó que existía una irregularidad por falta de permiso de construcción y colocó sellos de clausura. La propietaria de la vivienda, Jacqueline Carballo, negó haber incurrido en alguna falta. Entonces fue conminada a acudir al área jurídica de la Secretaría de Obras Públicas del ayuntamiento de Coatzacoalcos con 6 mil pesos en la mano. Ya con el “permiso” de Lizandro Pérez quedaría “liberado” el inmueble. “No sería necesario el ingreso al ayuntamiento”, le dijeron. Obviamente, no lo hizo. Lo denunció a funcionarios de alto nivel de Obras Públicas. El audio es por demás demoledor. Es evidencia de que las corruptelas en la 4T son como la ley de la materia: ni se crean ni se extinguen, sólo se transforman… No, en Coatzacoalcos no hay secuestros, pero sí extorsión y crímenes brutales. A la estadística roja se suma el levantón y muerte, el martes 12, de Ricardo Aguilar Zubieta, instructor y preparador físico, propietario del Comic’s Gym. Atacado por sicarios en el estacionamiento del gimnasio, en la nada célebre colonia Benito Juárez Norte, Aguilar Zubieta intentó resistirse. Pese a su corpulencia, músculos de acero y gran condición física, fue doblegado. Le asestaron un tiro en una pierna. A las 48 horas, el jueves 14, su cuerpo desmembrado apareció en una bolsa negra, en los límites de Coatzacoalcos y Agua Dulce. Era concuño del ex tesorero, ex síndico y ex alcalde de Coatzacoalcos, Alfonso Morales Bustamante, fallecido hace un par de años. Conmociona su muerte y el nivel de brutalidad. Hay quien dice que fue extorsión. Hay quien afirma que el móvil conduce a una hipótesis política. Sea como sea, es la realidad dramática de Coatzacoalcos. Parafraseando a Héctor de Mauleón, el reconocido periodista y escritor, es la roja oscuridad. Y el gobernador Cuitláhuac García y el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, presumiendo que en Coatzacoalcos se acabaron los secuestros. Sí, los delincuentes cambiaron de giro. Lo suyo es la extorsión, la quema de comercios, los cortinazos, el levantón, la tortura y el hallazgo de las víctimas desmembradas en bolsas de plástico. Terrible realidad…
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