La justicia del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez: Libera a narcos y encierra a citricultor inocente
*** Sus escoltas detuvieron, arbitrariamente, al empresario sanjuaneño y ex candidato a la alcaldía de San Juan Evangelista, Juan Carlos Vázquez Bonilla *** Lo acusan de posesión de armas exclusivas del ejército, pero le desaparecieron los permisos de las mismas *** Un juez federal dejó libre a narcos y otro le dictó al empresario veracruzano vinculación a proceso, sin pruebas.
Por Verónica Espinosa / Carmen Pizano
La impartición de justicia, cuyo fin debe ser la paz y seguridad ciudadana al disminuir la impunidad, está en entredicho en Guanajuato: las omisiones en el cateo que terminaron en la detención de Karina, esposa del líder criminal José Antonio Yépez alias “El Marro”, llevaron a una jueza a liberar a la inculpada y otras tres personas detenidas durante el operativo, pero apenas unas horas después, otro juez federal dejó en prisión a un empresario veracruzano detenido por los escoltas de Diego Sinhue Rodríguez.
Karina «N», presentada como la pareja sentimental del líder del Cártel Santa Rosa de Lima, fue detenida el martes 28 de enero en la comunidad San Miguel Octopan del municipio de Celaya. Un día después, la Fiscalía General del Estado anunció los resultados de un operativo a la casa de seguridad donde se encontraba Karina, junto con otras tres personas, dos hombres y una mujer, presuntas integrantes del grupo criminal.
Sin embargo, las cuatro personas detenidas en el operativo en el que participaron el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública ya están en libertad desde la tarde del miércoles 5 de febrero por fallas en la ejecución del cateo.
En la casa donde detuvieron a Karina, César, Serafina y Alfonso se encontraron cuatro armas largas, dos artefactos explosivos, varias dosis de droga, tres chalecos antibalas y 69 mil pesos en efectivo, entre otros artículos.
En contraparte, un empresario y excandidato a la alcaldía de San Juan Evangelista, Veracruz, se le detuvo junto con sus dos escoltas con cinco armas de fuego, y aunque presentaron las licencias , finalmente un juez de control mantuvo en prisión a Juan Carlos Vázquez Bonilla, acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, y los dos acompañantes salieron libres unas horas después de haber sido retenidos primero por civiles armados, identificados como escoltas de Diego Sinhue Rodríguez, y después llevados ante el Ministerio Público por elementos de la policía municipal de León.
Escoltas detienen a empresario
y político veracruzano
Juan Carlos Vázquez, empresario agricultor y ganadero originario de Veracruz, junto con dos escoltas fueron detenidos en León la tarde del lunes 3 de febrero por elementos identificados como escoltas del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. En total, llevaban cinco armas de fuego, todas con la licencia de portación emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Aunque existen fotografías que constatan que la documentación fue presentada a las autoridades, hoy Juan Carlos está en prisión acusado de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, y las pertenencias de los tres detenidos se encuentran desaparecidas, incluidas sus identificaciones oficiales y los permisos de portación.
A pesar de los vicios e inconsistencias en la carpeta de investigación que entregó la Fiscalía General del Estado a la Fiscalía General de la República, que quedaron evidenciadas en la audiencia inicial para seguir el proceso en contra de quien también fue candidato a la alcaldía de San Juan Evangelista, Veracruz, el juez federal de control Efraín Frausto Pérez vinculó a proceso a Juan Carlos.
El empresario veracruzano estaba de visita en el estado desde el fin de semana, acompañado de dos escoltas. A los tres hombres los detuvieron sobre el bulevar Juan Alonso de Torres, en León, pero dos días después los escoltas fueron liberados, mientras Juan Carlos fue enviado al Cereso de Puentecillas, acusado de portar un arma 40 milímetros de la marca Glock.
Incrédulo por la resolución del juez y preocupado por su integridad física, el joven de 31 años de edad pedía que se le enviara a arraigo domiciliario, o se le colocara un GPS, pero no al Cereso, donde hay delincuentes de alta peligrosidad sentenciados.
Con la cara desencajada, volteaba a ver a sus familiares, mientras repetía en voz baja: “me pueden matar”.
El temor del empresario se deriva de las mantas que han sido colocadas en su natal Veracruz con amenazas contra él y su familia, todas firmadas por un cártel criminal con presencia en Guanajuato. Por las consignas, la familia contrató una empresa de seguridad privada para hacerse acompañar de escoltas.
Visita en León y termina detenido
El sábado 1 de febrero llegó a León Juan Carlos Vázquez, lo acompañaban el escolta Eric Felipe del Rosario Vergara y Alberto Valenzuela Rodríguez, teniente retirado del Ejército.
El empresario se hospedó en una casa que tiene en un fraccionamiento residencial donde también tiene su residencia el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Durante dos días que estuvo en la ciudad, al fraccionamiento ingresaron de manera constante el escolta Eric y el teniente Alberto.
De acuerdo con los testimonios del escolta y el teniente, el lunes por la mañana se presentaron en dicho fraccionamiento a bordo de una camioneta Ford Lobo. Alrededor de las 11:30 salieron a cargar combustible. Cuando circulaban sobre el bulevar Juan Alonso de Torres, elementos de la policía municipal hicieron alto a la camioneta, les pidieron bajar y realizaron una inspección. Los dos escoltas advirtieron que estaban armados y tenían otras dos armas al interior de la camioneta.
Mientras presentaban la documentación que avalaban los permisos para portar una pistola 380 con licencia para Eric, y un rifle semiautomático calibre 0.223, una carabina calibre 0.223 y una pistola calibre 0.40, con permisos de la Sedena para el teniente retirado del Ejército Alberto, llegó a bordo de una camioneta RAM blanca un hombre vestido en pants gris, con un arma larga, que después fue identificado por otra testigo como escolta de Diego Sinhue Rodríguez.
Los elementos municipales informaron al hombre vestido de civil que contaban con las licencias para la portación de armas, sin dar más explicaciones les permitieron seguir su camino.
Sin embargo, apenas unas horas más tarde, alrededor de las 14:00 horas, cuando salieron del fraccionamiento, ahora también Juan Carlos a bordo de un automóvil Mercedes Benz, un vehículo particular de la marca Ford cerró el paso a la camioneta Lobo de Eric y Alberto. Metros adelante, la camioneta RAM blanca (la misma que vieron en la primera inspección que hicieron a las licencias de las armas) detuvo a Juan Carlos.
Tanto Eric como Alberto declararon ante el juez que hubo una segunda revisión, lo mismo a ellos que iban a bordo de la Ford Lobo que al empresario que conducía el Mercedes.
En su declaración, Juan Carlos Vázquez comentó que cuando le hicieron el alto mostró que venía armado con una pistola 380 y de la guantera del vehículo sacó la licencia de portación.
Minutos después de que los hombres vestidos de civil, identificados por otra testigo como los escoltas del gobernador, hicieron el alto a ambos vehículos, llegaron las patrullas de la policía municipal para hacer la inspección. Luego, sin dar más explicaciones, los subieron a las patrullas y fueron trasladados a unas oficinas que los detenidos no identificaron.
Hasta después de las 18:00 horas fueron presentados ante el Ministerio Público del fuero común, y la Fiscalía General del Estado se encargó de integrar la carpeta con declaraciones de los policías municipales de León que participaron en el operativo.
Dos días después de la detención, los escoltas salieron libres, pero no Juan Carlos, a quien acusan de portar el arma 40 milímetros de uso exclusivo del Ejército que, de acuerdo con las declaraciones de los testigos, se trata de una pistola que estaba en la camioneta de los escoltas del empresario con el permiso de portación al teniente retirado Alberto.
En la investigación que inició la Fiscalía General del Estado el único acusado es el empresario propietario de ranchos de limón y de ganado en los estados de Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Puebla.
Desaparecen pertenencias
En la carpeta que entregó la Fiscalía General del Estado a la Fiscalía General de la República (por tratarse de un delito federal), no se integraron las licencias e identificaciones que entregaron los involucrados durante la revisión de las 14:00 horas.
Sin embargo, las notas periodísticas que dieron cuenta de la detención el lunes, como la de El Heraldo de León, muestran fotografías tanto de las armas como de las identificaciones.
Las fotografías publicadas fueron presentadas ante el juez por la defensa para evidenciar que desde el primer día se entregó la documentación que ahora está extraviada.
Las imágenes también muestran que en la camioneta Lobo, en la que viajaban los escoltas, está el arma 40 milímetros, la carabina, la escopeta y la pistola 380, acompañadas de las identificaciones de Eric y Alberto.
Sobre el cofre del Mercedes Benz color negro que conducía Juan Carlos está otra pistola 380, cargadores, y su identificación oficial, además de una mochila negra que también tenía consigo el empresario al momento de la detención.
Las licencias, las identificaciones y el resto de las pertenecías están extraviadas, por lo que la defensa presentó ya una denuncia. Entre los artículos que no fueron entregados a la Fiscalía General de la República está una maleta con ropa, cinturones y zapatos de diseñador que llevaba Juan Carlos en la cajuela del vehículo Mercedes Benz, denunciaron familiares.
Inconsistencias en la carpeta
El horario de la detención, el personal que realizó la inspección y el extravío de las licencias de portación de arma, son algunas de las inconsistencias entre la carpeta de la Fiscalía y las declaraciones de testigos y el acusado.
Contrario a lo que declararon los dos escoltas del empresario veracruzano, en la carpeta de investigación se marcó la detención a las 17:20 horas por elementos de la policía municipal de León, después de que se pasaron un semáforo en rojo sobre el bulevar Juan Alonso de Torres.
En la carpeta de investigación no se hace referencia a la detención de los escoltas Eric y Alberto, ni de las armas que también se les retuvieron, únicamente de la aprehensión de Juan Carlos Vázquez a bordo del Mercedes Benz, portando un arma 40 milímetros, sin presentar licencias para portación de arma de fuego.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República, basados en la carpeta entregada por el Estado, solicitó la vinculación a proceso por el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército.
Identifica testigo a escoltas
de Diego durante detención
En videos, captados por una testigo también vecina del fraccionamiento, se aprecia que son vehículos particulares los que detienen a los veracruzanos y no policías municipales como viene en la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado. La misma testigo identificó los vehículos particulares (Ford y la RAM blanca) como las unidades en las que se trasladan los escoltas de su vecino: el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
Aunque los dos videos fueron presentados, el juez de control señaló que no podían ser una prueba trascendente porque no está marcada el día y la hora en que fueron tomados por la testigo.
Al estar extraviadas las licencias de portación y las identificaciones, la defensa recurrió a los datos que arroja la plataforma nacional.
“Yo le creo a los policías”: Juez
Después de que la defensa presentara fotografías, videos y testimonios para acreditar que la detención fue arbitraria a los tres hombres, y que se le “sembró” el arma de uso exclusivo del Ejército al empresario Juan Carlos, el juez resolvió vincularlo a proceso.
El argumento en el que basó el juez Efraín Frausto la resolución fue que para preservar el estado de derecho debía ponderar el parte presentado por los policías municipales.
“Yo les tengo que creer a los policías, el día que no les crea vamos a dejar de vivir en un estado de derecho”.
De acuerdo con siete elementos de la policía municipal que presentaron el informe y declararon ante el Ministerio Público, fueron ellos los que detuvieron a los tres hombres (no mencionan la intervención de los escoltas de Diego Sinhue), lo hicieron a las 17:30 horas del lunes 3 de febrero, era Juan Carlos el que portaba el arma de uso exclusivo del Ejército sin licencia.
15 días para cerrar la investigación
Con la cara desencajada al escuchar la decisión del juez, Juan Carlos pedía que volviera a revisar las pruebas que presentó, los testimonios que llevó la defensa, incluso, rogó por alternativas para no llegar al Cereso.
Tras la súplica del empresario, el juez determinó que lo trasladaran al Cereso de Puentecillas, porque dijo, es el más seguro del estado, donde están separados los reos de alta peligrosidad, garantizándole que estará seguro en el Centro de Reclusión de la capital de Guanajuato.
Aunque la Fiscalía General de la República pidió un mes para cerrar la investigación, el juez consideró que 15 días serían suficientes para poder terminar con esta etapa.
La próxima audiencia quedó para el 21 de febrero.
Libertad para la familia del Marro
Una jueza federal decidió este miércoles 5 de febrero liberar a Karina, la pareja de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, así como a otros tres hombres que con ella habían sido capturados en una casa de San Miguel Octopan, en Celaya, el 25 de enero, liberación adjudicada a errores de la Fiscalía general del estado en la ejecución del cateo ordenado desde un juzgado local.
En los hechos, se trata de un segundo revés a la autoridad estatal y su “Golpe de timón” así como a las demás corporaciones que se dice que participan en esta estrategia, en el cerco al “Marro” y su familia más allegada.
En marzo del 2019, Angélica y Javier, cuñada y concuño de Yépez Ortiz, fueron capturados en un filtro de seguridad de los que cercaron en esos meses a Santa Rosa de Lima y sus alrededores.
Su posterior liberación fue adjudicada a una falta de atingencia del Ministerio Público Federal y así lo reclamó Diego Sinhue Rodríguez: “se prometió, pero no se cumplió con liberar una orden de aprehensión en contra de ambos detenidos”, fue la queja expresada entonces, si bien desde la Federación no se pronunció palabra sobre ese compromiso.
Estos tres familiares del círculo más cercano al “Marro” estuvieron en la mira de la Fiscalía general del estado y del “Golpe de timón” del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que les adjudicaron actividades financieras y operativas dentro de la organización criminal que tiene sus bases en la región con epicentro en Celaya.
Pasó casi un año antes de que varias corporaciones federales y estatales que patrullan el estado se acercaran a otro familiar de Yépez Ortiz, después de que Angélica y Javier quedaron libres.
Detención de una semana
En la audiencia del miércoles, la jueza resolvería la vinculación a proceso de la pareja del “Marro” y los otros tres detenidos, después de que un juez de control calificó de legal su detención.
Karina N., César N., Alfonso N. y Serafín N. fueron capturados en un operativo que tuvo lugar el martes 28, pero del que se informó hasta el día siguiente por la Fiscalía general de justicia del estado, en un comunicado que circuló para los medios casi a la medianoche.
Estas detenciones provocaron que algunos juzgados federales como los que tienen sede en la ciudad de Guanajuato fueran fuertemente resguardados por el Ejército y fuerzas estatales, ante el temor de una reacción violenta por parte del líder del cártel Santa Rosa de Lima, que nunca se dio.
El sábado, la Fiscalía General de la República dio a conocer a través de dos mensajes por Twitter que había concluido la audiencia de control de detención y que un juez federal había determinado calificar de legales las detenciones de las cuatro personas, a las que se acusó de posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Para el miércoles 5 por la noche, Karina, César, Alfonso y Serafín ya estaban libres. Sus defensores habrían evidenciado que los datos de la orden de cateo que entregó un juzgado a la Fiscalía general del estado no coincidían en su totalidad con el reporte de la ejecución del mismo, por fallas en la ejecución.
Una fuente allegada a la FGR informó que esta resolución ya fue impugnada por el ministerio público federal, en busca de obtener nuevas órdenes de aprehensión.
La vocera de seguridad del gobierno del estado, Sophía Huett, aprovechó un espacio que ya tenía agendado con el noticiero “Así sucede” de Celaya en el horario nocturno para hablar de este gazapo:
“Nos dejó inquietos. Es un caso sobre el cual no puedo pronunciarme, es un proceso que incluso todavía está en curso, a veces como ciudadanos no logramos distinguir qué le toca a cada quién. La detención de esta persona no ocurre porque sea familiar o pareja de alguien, no es delito tener un lazo afectivo con algún criminal. Se le detiene por la información con que se contaba, hay que comprender que fueron detenidos estas personas en posesión de diversos artículos incluyendo armas de fuego”.
Sin pronunciar una sola palabra sobre los motivos de la resolución judicial que favoreció a la pareja del “Marro”, la vocera se dijo “dolida” y luego explicó sus razones:
“Porque implica el esfuerzo de muchos hombres y mujeres que han dedicado y están dedicando sus vidas a librar al estado de los delincuentes, sería un tema que dolería pero no es bajar la guardia, al contrario, redoblar los esfuerzos y hacer muy clara esta intención de que Guanajuato tiene que liberarse de la delincuencia…nunca vamos a dejarnos de la delincuencia”.
Fuente: poplab.mx
