Obsesión por los presos políticos
Por Mussio Cárdenas Arellano
Hay una obsesión que pierde a Cuitláhuac: los presos políticos. A Del Río Virgen lo aprehendió y lo tuvo que soltar. A Rogelio Franco, Nico Ruiz, Goyo Gómez y Tito Delfín, los retiene con trapacerías y violando la ley.
Lo pierden los presos políticos. Los quiere fríos, olvidados, inermes. Se empeña en retenerlos tras las rejas, infamarlos con mentiras, inventarles delitos, fraguar montajes, usar a jueces podridos para vincularlos a proceso y cuando se extinguen los cargos y son liberados, los vuelve a aprehender.
Una hiena es más noble que el gobernador de Veracruz. Abre los ojos cada mañana intentado cristalizar sueños de venganza, asediar la presa, destazar a sus enemigos y beber la sangre de las víctimas.
Para eso — cree el insensato— es el poder.
Lo mueve la inquina que llevó a encerrar a Abimael Merino, regidor de Sayula de Alemán, por ser adepto de Adán Augusto López Hernández y no de Rocío Nahle, acusándolo de violencia política contra la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas, sobre la que pesan denuncias por usar documentos apócrifos con firmas falsas para meterle la mano al cajón de la Tesorería municipal. Luego le agregaron cargos por ataque a la libertad de reunión.
O a Rafael González Cárdenas, ex tesorero sayulense por no dejar que la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas dispusiera de los recursos municipales violentando la ley. Primero le enviaron a un grupo de sicarios a hogar, sin que se hallara ahí, y después le armaron un montaje, sembrándole armas y droga, aprehendiéndolo en un sitio distinto al que aparece en el reporte policíaco.
Y tuvo a Pasiano Rueda, hoy alcalde de Jesús Carranza, un año en el reclusorio Duport Ostión, en Coatzacoalcos, por haber derrotado a Morena en la elección municipal de 2021. Maniobró para no hacer efectivo un amparo que le otorgó la libertad, mientras Pasiano, desde prisión, ganaba la elección extraordinaria bajos las siglas del Partido del Trabajo. Lo tuvo que dejar en libertad.
No son políticos presos. Son presos políticos.
Obsesivo y demente, el gobernador alucina con el PAN y el PRD, con panistas y perredistas. Y si puede, se jode a Movimiento Ciudadano. A los priistas no. Con esos vive un arrimón. Lo tienen, diríase en términos coloquiales, trabado.
A Tito Delfín lo encarceló cuando contendía por la presidencia del Partido Acción Nacional en Veracruz. Desempolvó una denuncia urdida por el yunismo azul cuando Tito rivalizaba con la monarquía de Miguel Ángel Yunes Linares y el fiscal Jorge Winckler Ortiz lo acalambró.
Cuitláhuac, vía la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns, judicializó el caso. Le dio curso a las imputaciones que le hacían —imputaciones que provenían de la denuncia yunista— luego de su paso por la alcaldía de Tierra Blanca. Ya había sido presidente municipal de José Azueta, cercano al ex gobernador priista Fidel Herrera Beltrán, y muy consentido por Javier Duarte.
Tito Delfín perdió la memoria y se alió con sus antiguos y acérrimos enemigos, o mejor dicho, sus verdugos, los Yunes azules, que también sufrieron amnesia, para capturar la presidencia del PAN estatal. Y fue cuando Cuitláhuac García lo encarceló.
Tito Delfín Cano fue detenido en un retén policíaco sobre la carretera Álamo-Cazones, el 27 de noviembre de 2021. Su aprehensión fue política.
Vía una sólida defensa legal, logró desestimar los cargos. Salía de prisión, el 24 de septiembre de 2022, cuando le ejecutaron una nueva orden de aprehensión por delito ambiental, la clausura de un basurero cuando fue alcalde de Tierra Blanca. Sigue preso en la cárcel de Pacho Viejo.
A Gregorio Gómez Martínez lo levantó —7 de abril de 2021— una decena de tipos, vestidos de civil, portando chaleco antibalas y armas de fuego. Se hallaba en Tihuatlán, por cuya alcaldía habría de contender bajo los colores del Partido de la Revolución Democrática, aliado al PRI y PAN.
Horas después, trascendió que estaba acusado de robo de autopartes, portación de armas de fuego, posesión de vehículo con reporte de robo, narcomenudeo y ultrajes a la autoridad.
Confinado al penal federal en Miahuatlán, Oaxaca, lejos de du familia y seguidores, pudo vivir el triunfo de la oposición en Tihuatlán. Y a la vez, ir venciendo al gobernador en el proceso legal. Nada le pudieron probar.
Pero el día en que le otorgaron un amparo —marzo 17 de 2023—, le hicieron efectiva una nueva orden de aprehensión por los delitos de homicidio doloso y tentativa de homicidio.
Es un preso político.
A Rogelio Franco Castán, ex secretario de Gobierno en el régimen yunista, ex líder estatal del PRD, ex diputado federal y local, Cuitláhuac García lo convirtió en su rehén favorito.
Fue detenido el 13 de marzo de 2021, hace ya dos años. Le imputaron ultrajes a la autoridad pues estaba amparado por una acusación de violencia intrafamiliar promovida por su ex esposa. Luego le imputaron malversación de recursos en la Secretaría de Gobierno.
Todo lo ha desvanecido. Ha logrado el amparo de la justicia federal. Sus hijas han encabezado marchas exigiendo que los jueces federales se apliquen y lo han logrado.
Cuitláhuac lo envió inicialmente al penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, poniéndolo en manos de reos de alta peligrosidad que Miguel Ángel Yunes llevó a prisión.Nada le han podido probar. Ya sólo queda el caso de la supuesta violencia intrafamiliar en el que las tres hijas niegan el clima de agresión y, en cambio, refieren mala conducta de la madre.
A Nicolás Ruiz Roset lo aprehendieron, el 24 de abril de 2021, al iniciar la contienda por la alcaldía de Minatitlán. Era candidato del PAN-PRI-PRD, enfrentando a la dupla Morena-Sindicato Petrolero.
Los líderes de la Sección 10, Jorge Wade González; su hijo Saúl Wade León, y la esposa, Reyna León Cheluja, priistas de membrete, se habían amafiado con el obradorismo desde 2017.
Acusado de un secuestro que nunca existió, con testimonios sin sustento, los esbirros de la Fiscalía lo trasladaron a Pacho Viejo. Meses después, fue enviado al penal de Miahuatlán, Oaxaca.
Sólo José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, hizo añicos a Cuitláhuac y su mastín, Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno. Le imputaron la autoría intelectual del homicidio del ex candidato de MC a la alcaldía de Cazones, René Tovar.
Le arrojaron el aparato judicial y, en respuesta, el Senado se les fue encima. Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, emprendió una batalla mediática y política.
Tuvo que intervenir el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, cuando Monreal ya preparaba la desaparición de poderes en Veracruz. Y Cuitláhuac soltó a Del Río Virgen, amigo entrañable de Dante Delgado Rannauro, líder nacional de Movimiento Ciudadano.
Cuitláhuac García es una piltrafa. Reprime y persigue, inventa delitos, fabrica culpables, usa el aparato judicial contra sus enemigos políticos. Ni Gutiérrez Barrios, ni Acosta Lagunes, ni Chirinos, ni Alemán, ni Fidel, ni Duarte, ni Yunes llegaron a tanta degradación.
La demencia política de Cuitláhuac es el rostro de Morena en el poder. Lo obsesionan los presos políticos, sus cuerpos tras las rejas, sus mentes erosionadas por el encierro, el ambiente de terror.
Es un peligro para Veracruz.
Archivo muerto
Cuchillos y balas para Daniel Hernández León porque el tigre es bravo. Será el nuevo director de Comunicación Social en el ayuntamiento de Coatzacoalcos, a contrapelo del grupo de amigos-enemigos del alcalde Amado Cruz Malpica, entre ellos Samuel Ordaz Ortega y Jesús Martínez. No sólo lidiará con la prensa incómoda, la que hurga y hace brotar pus, la que cuestiona al edil y su familia, la que halla negocios y corruptelas bajo la alfombra, sino con el fuego amigo de los sátrapas que succionan la nómina municipal. Con un kilometraje bárbaro, Daniel Hernández pasó por la dirigencia nacional de la juventud priista, donde alcanzó el cenit y luego descendió a los infiernos; vivió en la penumbra política, resurgió de sus cenizas, llegó a ser titular en la delegación de Tránsito de Coatzacoalcos, dirigente priista, operador del ex alcalde Iván Hillman Chapoy, y hoy director de la Unidad de Transparencia en el ayuntamiento morenista. Si los cuchillos tienen filo, si las balas son expansivas, habrá de pulverizar a los amigos-enemigos de Amado. Porque si algo se le conoce al buen Dany, es que cuando lanza la daga o jala el gatillo, el tiro no falla… Mil civiles ajusticiados traen en su haber las fuerzas armadas con López Obrador. Con los cinco asesinados de Nuevo Laredo, la cifra alcanzó 999 casos. O sea. Andrés Manuel es igual a Felipe Calderón, igual a Enrique Peña Nieto. En los mismos cuatro años de gobierno, con el panista Felipe Calderón las ejecuciones extrajudiciales llegaron a mil 141 víctimas; con Enrique Peña Nieto fueron mil 201. Literalmente, los entes de gobierno armados —Ejército, Marina y Guardia Nacional— han mantenido su conducta violenta. En los tres últimos sexenios, en el mismo período de cuatro años, las cifras se han mantenido. Con su estrategia de “abrazos, no balazos”, Andrés Manuel López Obrador se enfilaba a disminuir el récord de sangre por inacción, por no enfrentar a los cárteles. En 2019 hubo 234 casos; en 2020 fueron 298 y 2021 disminuyó a 212. Pero en 2022, cuando vio que el dominio del crimen organizado crecía, cambió la estrategia y el Ejército, Marina y Guardia Nacional pasaron a la ofensiva. Y se fueron sobre los civiles “armados o desarmados”, refiere el consultor en seguridad, David Saucedo, entrevistado por el periódico El Universal. El récord de muerte está contenido en el Índice de letalidad de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, auspiciado por la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea que el presidente López Obrador los tenía huyéndole al crimen organizado y cuando los envió a combatirlos terminaron incurriendo en ejecuciones extrajudiciales de civiles “armados o desarmados”. Si hubiera cumplido su promesa, si hubiera regresado a las fuerzas armadas a los cuarteles, Andrés Manuel no se habría manchado las manos de sangre. Pero se las manchó… Movimiento Ciudadano ya tiene su estrella. Es Marcia Mora. Es la esposa —o ex— de Pedro Martínez Escudero, el constructor de fortunas exprés que devino en el fraude de Cofisur —Cooperativa Financiera del Sur—. Marcia Mora se autobalconea en las redes con el emblema de Movimiento Ciudadano y la leyenda “Es el futuro de Coatzacoalcos”. Así, protagónica, solía robar cámara en los días de gloria de la financiera Cofisur, atrayendo clientes, manejando depósitos, dispensando intereses altísimos que llevaron a cientos a invertir millones y más millones de pesos hasta que la burbuja reventó, el dinero se esfumó y se quedaron sin cobrar. Hay decenas de fotografías de Marcia Mora y Pedro Martínez Escudero con el entonces alcalde Marcelo Montiel Montiel en eventos de Cofisur, el Mochisur entre otros, proyectos que servían para nutrir su cartera de incautos. Y el marcelismo se regodeaba. Era el amorío del poder político y el poder económico. Y los voraces de corazón seguían cayendo. Así hasta que el fraude se consumó. Fueron mil 800 millones de pesos que los ahorradores no volvieron a ver. Salvo un directivo que paró en la cárcel, la plana mayor de Cofisur se peló. Y hoy Marcia Mora, de la mano de Christopher Alan Santos Castillo, líder y gurú de Movimiento Ciudadano, ya se ve enfilada a la candidatura a la diputación federal por Coatzacoalcos. A menos que los defraudados de Cofisur alcen la voz y revivan su historia y su tragedia… Onésimo Mendoza está pelas y aún quiere patalear. A paso lento, va entregando la Dirección de Obras Públicas Municipales, cesado por una investigación interna que confirmó el nepotismo en que incurrió al tener a su lado, con cargo de supervisor en el área de construcción, a su hijo Víctor Manuel Mendoza Villegas, y por lo menos tres denuncias de contratistas que acusan la exigencia de pagos a cambio de realizar obra. Onésimo Mendoza va a contrapelo del dictamen emitido por la Contraloría Municipal de Coatzacoalcos y es un hecho que será inhabilitado para ocupar cargos públicos. El dictamen irá al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz y ahí ya no tendrá más que apechugar. Serán años fuera del gobierno. Las obras asignadas estarán bajo investigación y los constructores que hayan incurrido en el pago del diezmo serán sancionados y sus contratos, rescindidos. Un escándalo de corrupción mayúsculo que alcanza al director general de Obras Públicas, Arturo Delgadillo Medina, al que tienen en la mira en el círculo cercano al gobernador Cuitláhuac García…
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