Seis años fraguando la Ley Nahle y resultó un fusil
* En 2016, Rocío exigía ser “ciudadana veracruzana” * El OPLE la paró * El TEV le siguió el juego * Que la Suprema Corte resuelva * Nuevo invento de AMLO: fuerza especial antihomicidios * Reyes Peralta va por Winckler * Y luego por Chiquiyunes y Fernando * Gersaín, el servil * Seis semanas y el cargo para Roberto Pérez no llega.
Por Mussio Cárdenas Arellano
Si no hubiera sido ingeniero, sería escultora. Pero de las malas. Por seis años, Rocío Nahle moldeó, urdió, le dio forma a la Ley Nahle, su engendro legal para alcanzar la gubernatura de Veracruz. Y le salió un adefesio.
Tocó el barro. Lo hizo girar. Hundía los pulgares y las palmas, hasta saber que su obra —un parche a la Constitución local— debía ver la luz. Ya cocinada en el Congreso de Veracruz, seis años después, resultó asqueante por abusiva y parcial.
La Ley Nahle es una copia, una calca, de los argumentos usados por la secretaria de Energía en 2016, intentando que los órganos y tribunales electorales le reconocieran condición de “ciudadana veracruzana” sin serlo.
Invocaba sus 30 años residiendo en Veracruz, procedente de su natal Zacatecas.
Esgrimía ser madre de dos hijas nacidas en Veracruz.
Hasta hacía referencia al marido jarocho, el nada célebre José Luis Peña Peña.
Y una definición clara: tener el estatus de “ciudadana veracruzana para votar y ser votada para el cargo de gobernadora del Estado de Veracruz”. Para el diván del psiquiatra.
Todo consta en el expediente JDC 21/2016, promovido por Norma Rocío Nahle García, dentro del juicio para la protección de sus derechos políticos que interpuso ante el Tribunal Electoral de Veracruz luego que el Órgano Público Local Electoral la bateara.
Su adefesio, la Ley Nahle que la diputada Magaly Armenta Oliveros promovió en el Congreso, incorporó el elemento de los hijos nacidos en Veracruz para permitirle ser candidata y que los aspirantes no nacidos en tierra jarocha acreditaran residencia de cinco años algo que era requisito solo para los veracruzanos por nacimiento.
Chipotuda, cacariza, la Ley Nahle puede pasar los filtros donde Morena tiene poder y avasalla, pero en lo técnico-jurídico, en lo ético, en lo moral, se enfila al juicio inapelable de una Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene en su haber un rosario de sentencias en contra de las reformas ilegales que suele aprobar la recua obradorista en el Congreso de Veracruz.
Allá, donde los ministros hacen su nido, se verá si los seis años de espera le habrán de cuajar o no a la obsesiva y ruin Rocío Nahle, la bien llamada recaudadora de Andrés Manuel.
No bien pisaba San Lázaro, cuando ya la matrona del morenismo veracruzano, entonces diputada federal por Coatzacoalcos, tenía una fijación: el gobierno de Veracruz.
Coordinaba la fracción parlamentaria de Morena desde septiembre de 2015 y cada que podía armaba un show. Se trepaba a la tribuna. Lucía disfraz de petrolera, casco con emblema de Pemex, como si realmente hubiera permanecido algo de tiempo en la nómina de la empresa (im)productiva del Estado, y le daba con todo al prianismo.
A los cinco meses, Nahle sacó las uñas. Tramitó una consulta ante los órganos electorales para saber si en los términos en que estaba concebida la Constitución local, ella por ser del mero Río Grande, Zacatecas, podría ser candidata al gobierno de Veracruz.
Tramitó dos oficios de consulta a Alejandro Bonilla Bonilla, presidente del OPLE, los días 8 y 16 de enero de 2016, con una audacia sin par y ostentándose con “ciudadana veracruzana” y exigiendo que el órgano electoral le garantizara sus derechos para aspirar a la candidatura.
En dos ocasiones hace referencia a sus 30 años residiendo en suelo veracruzanos —Coatzacoalcos, concretamente— y en una de ellas refiere que tiene un marido veracruzano —Pepe Peña— y dos hijas nacidas en Veracruz.
Uno de sus argumentos dice:
“¿La peticionaria, con una residencia de más de treinta años en esta entidad federativa, solicita que este H. Consejo General garantice sus derechos político electorales, como ciudadana veracruzana para votar y ser votada para el encargo de gobernadora del Estado de Veracruz?”.
Otra:
“¿Qué recursos jurídicos serían necesarios promover, siendo ciudadana no nacida en Veracruz, pero con más de treinta años de residencia en este Estado, casada con veracruzano con dos hijas nacidas en Veracruz, para ser candidata a Gobernadora?”.
Y uno más:
“¿Cómo garantiza este H. Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano mis derechos políticos electorales, como ciudadana veracruzana para votar y ser votada para el cargo de gobernadora del Estado de Veracruz?…”.
Obvio, recibió una respuesta tan ambigua del presidente del OPLE, remitiéndola al contenido de seis artículos de la Constitución de Veracruz, que se fue a los tribunales. Ahí interpuso —febrero 7 de 2016— el juicio para la defensa de sus derechos políticos.
Fue el primer peldaño de una larga escalera que habría de subir. El Tribunal Electoral de Veracruz determinó que el presidente del OPLE carecía de facultades para remitirle una respuesta pues esa era facultad del consejo general y que careció de congruencia al no dilucidar si Nahle podría aspirar a ser candidata a gobernadora de Veracruz habiendo nacido en Zacatecas.
Ahí comenzó la magia. Era 2016. En su resolución —febrero 29—, determinó ejercer la jurisdicción y se aventó una interpretación de escándalo.
Textualmente, el TEV señaló:
“Se concluye que para ser Gobernador del Estado basta con ser ciudadano veracruzano con cinco años de residencia efectiva en la entidad anteriores a la elección. Es decir, que podrán contender para el referido cargo quienes hayan nacido en el Estado o sean hijos de padres veracruzanos, así como cualquier ciudadano mexicano siempre y cuando cuente con una residencia efectiva en la entidad de cinco años anteriores a la elección”.
La pifia fue fenomenal y Rocío Nahle lo percibió. El TEV señaló que “cualquier ciudadano mexicano” puede aspirar al gobierno de Veracruz “siempre y cuando cuente con una residencia efectiva en la entidad de cinco años anteriores a la elección”.
Eso no lo dice la Constitución de Veracruz, que exigía “ser ciudadano veracruzano con cinco años de residencia efectiva en la entidad anteriores a la elección”. Así de jodido el tribunal.
¿Qué movió a Rocío Nahle a interponer ese juicio para la defensa de sus derechos políticos, cuando que la candidatura de Morena estaba amarrada para Cuitláhuac García?
Tres semanas después —20 de marzo de 2016—, Rocío Nahle le alzaba la mano a Cuitláhuac mientras era registrado ante el OPLE como candidato al gobierno de Veracruz, elección que perdió.
¿Por qué Nahle ya no le movió al tema? Sabía que la interpretación del TEV era una imbecilidad jurídica que no soportaría la prueba del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Dos años más tarde, en 2018, Morena tuvo mayoría en el Congreso de Veracruz pero difícilmente podría cuajar la reforma legal que le permitiera a los no nacidos en la entidad ni ser hijos de veracruzanos cumplir con el requisito para contender por la gubernatura.
El caso Winckler evidenció en dos ocasiones que Morena tenía asegurada la mayoría calificada pero le fallaban los aliados.
Pero llegó 2022. Y ahora Morena es una aplanadora.
Seis años después, la Ley Nahle, impuesta por la bancada de Morena y aliados, permite que los no nacidos en la entidad pero con hijos veracruzanos y con cinco años de residencia, puedan contender por la gubernatura. Un traje a la medida de Rocío Nahle.
Los argumentos de Rocío Nahle en su alegato ante el OPLE y el TEV, en 2016, es lo que finalmente se plasmó en la reforma a la Constitución de Veracruz, en 2022.
Hay juristas, como Fidel Ordóñez, que advierte la violación al procedimiento: se debió presentar en dos sesiones ordinarias no consecutivas, no en una extraordinaria.
Otros aducen que la ley Nahle debió presentarse en período ordinario del Congreso de Veracruz, no durante el receso legislativo.
Sergio Gil Rullán, líder estatal de Movimiento Ciudadano, advierte que la reforma es regresiva. Los padres dan oriundez, los hijos no.
Y así los vicios que deberá analizar la Suprema Corte y determinar si es inconstitucional. Seis años esculpiendo la Ley Nahle y resultó un adefesio.
Archivo muerto
Ya le cayó el 20. La violencia, así como la enfrenta, no va a parar. Y sin admitir que los “abrazos, no balazos” son un fracaso, Andrés Manuel saca del sombrero un nuevo conejo: la fuerza especial antihomicidio. Oficialmente se le denominará Comisión Interna para la Atención del Delito de Homicidio Doloso y en ella aglutinará a un cuerpo de élite de la Guardia Nacional, los titulares de las policías estatales y municipales, fuerzas ministeriales, cuya información teóricamente servirá para prevenir, investigar y sancionar a quienes incurran en homicidio doloso. La información se conoció luego que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó el proyecto ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y fue difundida por el periódico El Universal. Casi cuatro años después —44 meses—, el presidente intenta taponar el boquete. Hasta junio de 2022, van casi 120 mil homicidios dolosos en México. Sólo en los primeros seis meses del año se han registrado 16 mil muertes violentas. En 2021, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), ocurrieron 35 mil 625 homicidios en México. El promedio fue de 98 al día y de 28 por cada 100 mil habitantes. En 2020, la tasa fue de 29. Mucho presume López Obrador que la mafufada del “abrazos, no balazos” funciona. Las cifras, que no son “los otros datos”, demuestran lo contrario. Cuatro años con la misma necedad y al final hubo que crear la fuerza nacional antihomicidio y colarla por debajo de la mesa… Al acecho, Jorge Reyes Peralta no va a soltar a Jorge Winckler. Advierte el penalista, ligado al fidelismo, que el caso de Gilberto Garza, ex director de Servicios Periciales en el gobierno de Javier Duarte, se reactivará. Garza denunció al ex fiscal Jorge Winckler por tortura obligándolo a firmar documentos. La tortura habría sido hacerlo escuchar canciones del colombiano Maluma. Amén de la carcajada que ese detalle provoca en todo Veracruz, va a proceder. El obradorismo hará trizas a Winckler. Lo desollará vivo. Vendrán otra denuncias. Caerán Luis Eduardo Coronel Gamboa, Marcos Even Torres Zamudio y todo el equipo que ha sido perseguido por el gobernador Cuitláhuac García y la fiscala —le robo el término a mi amigo Andrés Timoteo de Notiver, exiliado en París, Francia—, Verónica Hernández Giadáns. Luego se verá algo estridente. Los que se hablan con el duartismo cuentan que el siguiente objetivo de Reyes Peralta son los hermanos Yunes Márquez. Se le dará curso a la falsificación de documentos y falsedad de declaración a una autoridad cuando intentaron acreditarle residencia efectiva a Miguel Ángel Yunes junior para contender por la alcaldía de Veracruz, que al final el Tribunal Electoral local y las dos instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tumbaron. Reyes Peralta no va a parar. Primero Winckler; luego los Yunes… Como tapete de oficina, Gersaín Hidalgo le sirve a Morena. Ni los morenistas fueron tan solícitos, tan serviles, tan obsequiosos para darle el sí a la Ley Nahle. Una vez que llegó al cabildo de Coatzacoalcos, el líder (real) del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio, antes SUEM, avaló la reforma constitucional que permite a los no nacidos en Veracruz (Rocío Nahle García) aspirar a contender por la gubernatura únicamente acreditando ser padre o madre de veracruzanos y residencia efectiva de cinco años. La reforma, una vez aprobada por el Congreso, pasó a los 212 ayuntamientos. Con las dos terceras partes de ellos, 71 cabildos, a favor, se puede promulgar. En Coatzacoalcos así ocurrió. De 15 ediles, 12 lo hicieron a favor. En contra, el voto de los regidores Luis Gutiérrez González, de Movimiento Ciudadano, y Víctor Octavio Paz Castilla, del PAN; no asistió el priista Mario Callejas García. Todo Morena aprobó. Dos priistas, igual. Una de ellas, Renata Prot Álvarez. El otro, el más entregado, el más doblado, Gersaín Hidalgo Cruz. Qué servil… Seis semanas ya y Roberto Pérez sigue en el aire. No llega su flamante cargo en el ayuntamiento de Coatzacoalcos, tras su cese al frente de la Dirección Municipal del Deporte. No fue movido a otra dirección o jefatura, ni realiza tareas claves para el alcalde Amado Cruz Malpica. Inesperada, su salida de la Dimude ocurrió el 27 de junio pasado. Sería incrustado en la Secretaría de Gobierno, junto a Andrés Rosaldo. No hubo nada. Pasan los días y el consentido de la secretaria de Energía del gobierno federal, Norma Rocío Nahle García, no da color. Eso sí, disfruta su beca acorde con la pobreza franciscana en la que se gozan los “aviadores” de la secta pejista…
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