Lizandro Pérez, “coyote” de obras públicas municipales, bajo investigación de Derechos Humanos

* Queja de ciudadano por coaccionarlo para firmar documento y privarlo de su libertad * Insta delegación de CEDH a alcalde Amado Cruz Malpica a aportar información * Lizandro Pérez, protegido de Roberto Pérez, operador de Rocío Nahle.

Por Mussio Cárdenas Arellano

Coatzacoalcos, Ver.- A las 12:40 del día, el 30 de mayo, un documento cimbró a la Presidencia Municipal de Coatzacoalcos. Lizandro Pérez Hernández, “coyote” en la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se halla bajo investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.

Indagan si es funcionario de ayuntamiento, si cuenta con título de abogado y cédula profesional, si desempeña el cargo de “director jurídico” en la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, si tiene facultades para interrogar y presionar a ciudadanos y si de sus actuaciones presuntamente oficiales hay constancia en actas.

Suscrito por el delegado regional de la CEDH, Tonatiuh Hernández Sarmiento, el oficio CEDH/COA/390/2022 requiere al alcalde Amado Cruz Malpica y a la Dirección de Desarrollo Urbano información en torno a la situación laboral y estatus jerárquico del sedicente abogado, Lizandro Pérez Hernández.

El oficio, según revela su contenido, obedece a una queja interpuesta por el ciudadano Jorge Herrera Cruz por actos que considera “violatorios de sus derechos humanos”. También señala a otro funcionario, Manuel Fernando Hernán Jiménez, quien se ostentó como personal del área jurídica de Desarrollo Urbano.

Se da cuenta de la presión ejercida contra Herrera Cruz durante una reunión ocurrida el 21 de febrero de 2022, en las instalaciones de la Unidad Jurídica, instándolo a aceptar la demolición de una escalera que se halla sobre la vía pública, la cual da acceso a la vivienda ubicada en la avenida Román Marín 713.

Derechos Humanos requiere documentación que establezca la formalidad de esa reunión, si se levantaron actas, el nombre de la empleada o funcionaria que consignó los hechos y declaraciones, quien a su vez es testigo de la presión ejercida por el pseudoabogado Lizandro Pérez Hernández contra Jorge Herrera Cruz, y si se encuentra dado de alta como personal de la Unidad de Enlace Jurídico de Desarrollo Urbano.

A la Dirección de Desarrollo Urbano, la CEDH le solicita los nombres de los funcionarios que se hallaban presentes en la diligencia del 21 de febrero, entre las 9 y 12:30 horas, y que acredite qué cargos y funciones desempeñan Lizandro Pérez y Manuel Fernando Hernán Jiménez.

En un punto clave, Derechos Humanos pide a Desarrollo Urbano señalar si tuvo conocimiento de que Lizandro Pérez y Manuel Hernán amedrentaron al ciudadano Jorge Herrera Cruz y si consta en actas lo sucedido. “En caso negativo de no existir actas, informar el motivo de tal omisión o si se inició investigación interna en contra de dichos servidores públicos”.

La CEDH solicitó copia del documento firmado por Jorge Herrera Cruz, obtenido bajo coacción, con el cual consintió que la escalera ubicada fuera del domicilio fuera demolida.

De manera enfática, Derechos Humanos refiere las palabras con las que Herrera Cruz describe la forma en que Lizandro Pérez lo amedrentó:

“El Lic. Lizandro me dijo: ‘Esta escalera que está enfrente de la casa de tu hermana ya es un problema añejo, por lo que hemos decidido que si tú no firmas o o no aceptas la demolición de la escalera se te va a meter a la cárcel y no sólo eso, sino que se te va a cobrar multas por no aceptar lo anterior’ ”.

Luego refirió como ocurrió la privación de la libertad:

“En ese momento yo sentí miedo e intenté salir de la oficina pero el Lic. Lizandro me lo impidió parándose en la puerta y diciéndome: ‘usted no sale hasta resolver este problema’, por lo que viendo su actitud decidí firmar ya que lo sentí intimidante. Una vez que firmé me dejaron salir”.

En términos de la Ley 483, que rige a la CEDH, le concedió al alcalde Cruz Malpica y subalternos un plazo de 15 días hábiles para responder a los cuestionamientos. El plazo venció el 21 de junio.

PROTEGIDO DE ROBERTO PÉREZ, ACHICHINCLE DE ROCÍO NAHLE

Bajo el cobijo del hoy ex director del Deporte del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Roberto Pérez López, Lizandro Pérez Hernández se adueñó del área jurídica de Desarrollo Urbano, disponiendo el despido de empleados con años de trabajo. Tal es el caso del ex subdirector de Proyectos, Daher Abuchard Kuri, quien fue cesado luego de 30 años de servir a la institución.

Un audio registra las palabras de Lizandro Pérez en el momento en que impide a Abuchard Kuri marcar su hora de llegada en el reloj checador y conminarlo a dejar las instalaciones de Obras Públicas. Lo hizo sin facultades legales.

Con el señuelo de que su protector es Roberto Pérez y que éste es allegado a la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, ha logrado someter a la plana mayor de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano: titular, Arturo Delgadillo Medina; director de Desarrollo Urbano, Gilberto Velasquez Hernández; director de Obras Públicas, Onésimo Mendoza Flores, y director de Servicios Municipales, Eduardo Moisés Echazarreta Rivero.

ES EMPLEADO MUNICIPAL ADSCRITO A LA REGIDURÍA SEXTA

Lizandro Pérez Hernández ni es abogado, ni es enlace jurídico de Desarrollo Urbano. Su plaza como empleado municipal está adscrita a la regiduría sexta del ayuntamiento de Coatzacoalcos.

Su ficha de trabajo es la 25057, categoría auxiliar administrativo “A”, fijo pero sin plaza de confianza, integrante del Sindicato Único de Empleados al Servicio del Municipio de Coatzacoalcos, antes SUEM.

Una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas arrojó un resultado negativo. No existe ningún Lizandro Pérez Hernández con carrera de licenciado en Derecho y menos aún la cédula profesional correspondiente. Lizandro Pérez es un pseudoabogado, hecho que la Comisión Estatal de Derechos Humanos trata de acreditar de manera documental para emitir su recomendación.

DE “DIRECTOR JURÍDICO” DE DESARROLLO URBANO A COORDINADOR DE INSPECTORES

Una serie de arbitrariedades, tensión con el personal de Desarrollo Urbano y el hecho de carecer de perfil profesional y ostentarse como licenciado en derecho, provocaron que se le relegara del área de Enlace Jurídico.

A mediados de junio, una vez que se conoció la investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la coacción y privación ilegal a Jorge Herrera Cruz, Lizandro Pérez fue reasignado a otra plaza. Ahora es coordinador de inspectores.

Ahí, las tropelías no cesan. “Las multas se aplican en su oficina y no pasan por Tesorería”, revela una fuente de Obras Públicas.

Fuente: Distrito Rojo