Ruiz Anitúa, los negocios millonarios al amparo de Yunes y Borge
Por Flavia Morales/AVC Noticias y ONEA México
Descendientes de inmigrantes españoles, la familia Ruiz Anitúa ha crecido su red de negocios al amparo del poder.
Sus ligas con los exgobernadores Miguel Alemán, Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes de Veracruz y Roberto Borge en Quintana Roo, les han dado fructíferos negocios.
Pero los negocios más lucrativos y duraderos los han obtenido por su amistad con el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien les concesionó por 60 años dos negocios millonarios: las casetas de cuota de La Antigua y Plan de Río en la carretera Xalapa- Veracruz.
Yunes Linares fue secretario de Gobierno de 1992 a 1998 con el gobierno de PRI de Patricio Chirinos. Fue entre estos años que la familia creció sus negocios.
Hasta 1984, tenían tres empresas: Inmobiliaria Ruiz Ortiz, promotora de la construcción veracruzana y constructora Ruiz Ortíz.
En 1994 recibieron la concesión de la autopista y entonces, entre ese año y 1998, año en que Yunes era secretario de gobierno, crearon 33 empresas de diversos giros.
Después, en 2002, con Miguel Alemán Velasco, recibirían la concesión de la autopista La Antigua. A la par, iniciarían Grupo Intra que aglomera 40 empresas de diversos giros.
Creada por Valentín Ruiz Ortíz, sus hijos: Javier Antonio Ruiz Anitúa, Francisco José Ruiz Anitúa, Valentín Manuel Ruiz Antiua y María Esther Ruiz Anitúa, son los principales socios de las empresas.
A partir de entonces, el crecimiento sería exponencial. Son socios de más de 90 empresas, y al amparo de su amistad con los exgobernadores de Veracruz, pero también de Quintana Roo, tendrían contratos de obra pública y servicios de más de mil millones de pesos.
Entonces en 2008, buscaron al despacho panameño de Mossack Fonseca & Co, para crear seis empresas offshore, en Las Islas Vírgenes y Estados Unidos para resguardar e invertir su dinero.
Los negocios mas lucrativos y duraderos de la familia Ruiz Anitúa los han obtenido por su amistad con Miguel Angel Yunes Linares.
Pese a ser parte del escándalo de los Panamá Papers, y haber incumplido con los compromisos de la concesión de las casetas, cuando Yunes Linares regresó al poder como gobernador, les prorrogó por 30 años ambas concesiones.
Los recursos de ambas casetas fueron bursatilizados, y son parte de la Bolsa Mexicana de Valores, quien ha advertido la falta de documentación para medir la salud financiera de la inversión, e incluso ha bajado y retirado la calificación.
En 2017, Edel Álvarez Peña – amigo personal de Yunes Linares-, titular del Poder Judicial, le entregó a la familia otro gran negocio, la construcción de ciudades judiciales, con ganancias de más de 5 mil millones de pesos.
Dos de las empresas que respaldan la construcción de las ciudades judiciales están embargadas por un adeudo de 78 millones de pesos a la empresa Jonh Deere; la familia Ruiz sostiene un litigio legal por este tema.
El hijo del exgobernador Yunes, Miguel Ángel Yunes Márquez, también entregó en diciembre del 2017 la concesión para la operación de la red de agua potable en Boca del Río por 30 años.
Para la operación de esta concesión se creó la Compañía de Agua de Boca, consorcio que se creó con capital de la empresa española Acciona Agua (69%), Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V -de la familia Ruiz- (29%), y el ayuntamiento local (2%).
Yunes quiso dejarle a la familia otro negocio lucrativo, tras terminar la obra de remodelación del bulevar que costó 150 millones, anunció la construcción de edificios, hoteles y una plaza en el mítico balneario de Villa del Mar, con 100 años de antigüedad.
El responsable de las construcciones de la obra sería el Consorcio Intra, quien demolerá el balneario popular frente a la costa de Veracruz para construir dos edificios de lujo, que albergarán un hotel boutique, comercios, oficinas y un balneario al centro.
Los negocios de la familia Ruiz Anitúa fueron más al sur, Francisco Ruiz bajo el compradrazgo del gobernador Roberto Borge – ahora preso por lavado de dinero-, creó ahí el grupo Cancún, a través de diversas empresas constructoras y de taxis aéreos obtuvieron contratos por casi 900 millones de pesos.
Ruiz Anitúa pelea desde 2017 – año en que fue preso el gobernador de Quintana Roo-, por un amparo para evitar una posible orden de aprehensión, pues la Fiscalía sigue una investigación al grupo Cancún.
Pero los escándalos de corrupción también alcanzan a otros miembros de la familia: un exdirectivo de la Constructora Norberto Odebrecht declaró que en el 2010 que la empresa brasileña financió las campañas de Javier Duarte de Ochoa.
Según la FGR, el testigo colaborador brasileño manifestó que como consecuencia de este apoyo, a mediados de 2013, el Gobierno de Veracruz adjudicó de manera directa a Odebrecht el Proyecto de Propósitos Múltiples de Xalapa, para construir una presa y una hidroeléctrica en el Río Jalcomulco.
Para esta obra fue subcontratada la empresa Constructora Ruso, de Juan Felipe Ruiz Ortiz, y su hijo Juan Felipe Ruiz Sosa, personajes que el exdirector de Pemex recomendó al entonces directivo de Odebrecht.
Esta información consta en la orden de aprehensión que fue librada el pasado 4 de julio contra Emilio Lozoya -exdirector de Pemex- en la causa penal 261/2019, por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
Concesiones millonarias por 60 años y obras sin cumplir
Cuando en 2017, a Miguel Ángel Yunes se le preguntó si tenía intereses comerciales con la familia Ruiz Anitúa para prorrogarles por otros 30 años las concesiones de las autopistas La Antigua y Plan del Río, él aseguró que el contrato se le entregaba a una empresa y no a una familia.
Pero su relación con la familia venía de 25 años antes.
Dos años después de ser nombrado secretario de Gobierno con Patricio Chirinos, el 18 de noviembre de 1993, Miguel Ángel Yunes Linares entregó un contrato de asociación en participación por 15 años a la empresa Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz de la familia Ruiz Ortiz, para construir, operar, explotar, conservar y mantener el tramo Veracruz-Cardel de la carretera Poza Rica-Veracruz y el Libramiento Norponiente de Cardel, así como para operar, explotar, conservar y mantener el puente “La Antigua” de dicha carretera.
Un año después lo modificó para ampliarlo por otros 15 años. Desde entonces -según consta en archivos de la SCT-, el contrato ha sufrido siete modificaciones, pero las más importantes sin duda fueron cuando Yunes regresó al poder en 2017, ahora como gobernador, y pudo ampliar la concesión hasta el 2053.
En 2002, ya con el gobierno de Miguel Alemán Velasco, con el fin de obtener los recursos para concluir las obras adicionales, se decidió bursatilizar los flujos de efectivo derivados de la concesión.
El contrato es claro al señalar que la concesionaria se obliga a pagar al Gobierno federal, como contraprestación para la concesión de la carretera, el 1 % de los ingresos que reciba anualmente.
En la sexta modificación, del 28 de septiembre del 2007, la concesionaria se comprometió a la construcción de un nuevo libramiento en la parte nororiente de Cardel, también se obligó a la ampliación a cuatro carriles de circulación del tramo San Julián-Tamaca, del kilómetro 0+000 al 6+500 del libramiento Norponiente de Veracruz.
Yunes Linares les concesiono por 60 años dos negocios millonarios: las casetas de cuota de la Antigua y Plan del Rio.
Pero las obras quedarían concluidas hasta diez años después.
Ese mismo año, el exgobernador Fidel Herrera Beltrán lanzó un decreto donde exime al fideicomiso de la aplicación de los Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz y así cerró la información.
Aunque las modificaciones al contrato de concesión señalan que se obligaba a realizar un programa de obras carreteras, que sería cubierto por excedentes de la explotación del tramo concesionado, y en caso de no cumplir con el programa referido, se podría proceder a la revocación anticipada de la concesión, esto nunca se cumplió.
El 29 de mayo del 2017, la concesionara solicitó una prórroga al plazo de vigencia del título de concesión para estar en condiciones de realizar inversiones adicionales de infraestructura.
Dos meses después, en julio del 2017, el gobernador lo sometió a votación ante el Congreso Local, con el voto en contra de los diputados de PRI y de Morena, con mayoría panista se logró ampliar por 30 años la concesión.
Tres meses después se inauguró el libramiento Cardel, promesa que la concesionaria había hecho diez años antes como parte de su programa de obras de la concesión, pero había incumplido.
El libramiento de Cardel de siete kilómetros y tres puentes inferiores vehiculares, costó a los veracruzanos diez años de construcción, una inversión de más de 374 millones de pesos, aunque en teoría debería haber sido construido con dinero excedente de la concesión.
El entonces gobernador Miguel Ángel Yunes lo inauguró el 17 de octubre del 2017, informó entonces que la inversión había sido de 180 millones, anunció que la obra no representó recursos, porque el Gobierno llegó a un acuerdo con la Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, propiedad de la familia Ruiz.
Pero cinco años antes, el exgobernador Javier Duarte de Ochoa había anunciado la inversión de 194 millones de pesos del fideicomiso del 2 % a la nómina para hacer esta misma obra, que entonces no se construyó.
La obra había sido prometida desde 2007, ninguno de los tres exgobernadores obligó a la familia a cumplir las cláusulas del contrato, aun así lograron la ampliación de su negocio.
Caseta Plan del Río, negocio de 7 mil millones de pesos
En 2003, con el gobierno de Miguel Alemán Velasco, la empresa Concesiones y Promociones Malibrán, S. A. de C.V, obtuvo la concesión por 30 años para consxtruir, operar, explotar, conservar y mantener un tramo carretero en el municipio de Emiliano Zapata, denominado “Libramiento Plan del Río”.
De acuerdo al documento de concesión de Miguel Alemán Velasco, se intentaron hacer los proceso de licitación, sin embargo, en ninguno de los procesos se presentaron propuestas, por lo que finalmente se le otorgó de forma directa a la empresa de la familia Ruiz Anitúa.
Dos años después, en 2005, Promotora Malibrán creó el Fideicomiso Irrevocable Número 464 para la Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios (“CBFs”) con clave de pizarra PLANRIO 05 U y PLANRIO 05-2U.
Una de las cláusulas del contrato de concesión especifica que la vigencia de la concesión solo podrá prorrogarse cuando, por causas no imputables al Fideicomitente, se generen retrasos o interrupciones en la construcción u operación del “Libramiento Plan del Río”. El contrato dice a la letra “La prórroga se extenderá exclusivamente por el tiempo necesario para resarcir a la concesionaria de los daños y perjuicios que sufra con motivo del retraso o interrupción del que se trate”.
Sin embargo, el exgobernador Miguel Ángel Yunes, en 2017, propuso ampliarla por otros 30 años.
La conseción por 30 años representara para la familia un ingreso de mas de 7 mil 803 millones de pesos.
El contrato señala que como contraprestación por la operación y explotación del “Libramiento Plan del Río”, a más tardar el último día hábil de cada mes, la concesionaria pagará al Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, el 1% del importe total de las cuotas de peaje.
El reporte de ingreso que la empresa emite ante la Bolsa Mexicana de Valores, revela que la caseta ha crecido año con año su aforo: en 2018, tuvo un aforo de 4 millones 453 mil vehículos y un promedio de 371 mil vehículos mensuales.
Ese año reportó ingresos por 260.1 millones de pesos, es decir, 21.6 millones de pesos mensuales y 712 mil pesos diarios.
La concesión por 30 años representará para la familia un ingreso de más de 7 mil 803 millones de pesos.
Yunes y sus mil millones de pesos
Cuestionado por este conflicto de interés, el exgobernador Yunes dijo que los estudios actuariales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinaban que el Gobierno del estado recibiría alrededor de mil millones de pesos por esta concesión, es decir, poco más del 10% de las ganancias totales de la empresa.
En ese entonces el gobernador dijo que la concesión era un logro, pues el Gobierno del estado no recibía contraprestación ni ingresos por la autopista- aunque el contrato dice lo contrario-
De acuerdo con Yunes, el dinero por concepto de esta concesión se pondría en un fideicomiso transparente, y de ahí se seleccionarían las obras a adjudicar, sin embargo, se desconoce a la fecha el destino del recursos.
Bursatilización disfrazada, concesión de un negocio por la libre
En su momento, el senador Héctor Yunes Landa calificó la propuesta de ampliar a 30 años la concesión de ambas autopistas como un “madruguete”.
En una columna, aseguró que Miguel Ángel Yunes era señalado por mantener intereses en sociedad con las empresas de la familia Ruiz.
“El lodo comienza a salir por las alcantarillas de la autopista. Por ejemplo, el Gobierno del estado no tendría que haber solicitado una ampliación de la concesión, sino hasta cumplirse el plazo. Hacerlo de esta manera es acceder en el presente a recursos futuros que le corresponden al estado y no a esta administración. Ha sido una bursatilización disfrazada”, denunció en su momento.
Yunes Landa no estaba equivocado al calcular que mientras el Gobierno del estado obtendría mil millones de pesos, la empresa haría un negocio millonario estimado en más de 8 mil millones de pesos. “Existe un evidente conflicto de interés del Gobierno del estado y la empresa concesionario, es un negocio por la libre”, cuestionó.
Las malas calificaciones del fideicomiso
En agosto del 2018, la calificadora Fitch Ratings retiró la calificación en escala nacional, debido a que Concesiones y Promociones Malibrán, S.A. de C.V, no había proporcionado información suficiente que permitiera a Fitch mantener la calificación y resolver la observación.
Documento de Fitch Ratings.
Ante esta situación, la empresa contrató al despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, para realizar la auditoria de los estados financieros del fideicomiso del 2018.
Pero en 2016, el despacho contable Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, miembro de la empresa internacional de auditoría Deloitte, fue inhabilitada por cinco años para realizar contratos con el Gobierno federal, entidades federativas y otros entes públicos.
En marzo del 2019, se revisó la perspectiva de los certificados bursátiles subordinados del Libramiento Plan del Río a estable de negativa.
Ciudades Judiciales, otro gran negocio
Sus ligas con el poder han ayudado a la familia Ruiz a tener otros jugosos contratos en otras esferas, como la asociación público-privada con el Poder Judicial para la construcción y mantenimiento de 21 ciudades judiciales.
El contrato les fue otorgado por Edel Álvarez Peña, presidente del Poder Judicial de Veracruz, y amigo cercano al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Edel llegó al poder justo el 1 de diciembre del 2016, el mismo día en que Yunes tomó protesta como gobernador de Veracruz por dos años.
Sus ligas con el poder han ayudado a la familia Ruiz a tener otros jugosos contratos en otras esferas.
El decreto original fue firmado en 2017 para la construcción de 17 ciudades judiciales y señalaba que el Poder Judicial pagaría 15.3 millones de pesos mensuales a 300 meses, es decir, a 25 años. En total, el contrato para la empresa sería de poco más de 4 mil 700 millones de pesos.
Para febrero del 2018, el contrato fue modificado, sería para 21 ciudades judiciales, y se pagarían 19.7 millones de pesos por 300 meses, para dar un total de 5 mil 916 millones de pesos por el total del contrato.
El estudio costo-beneficio, que es público en el Poder Judicial, señala que el costo total por la construcción sería de mil 300 millones de pesos más 462.5 millones de pesos por mantenimiento en 25 años.
En mayo del 2018 se declaró ganador de los contratos individuales para la planeación y ejecución de la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de dichas ciudades judiciales, al Consorcio conformado por: Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales, S.A. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V.
Para este contrato, los grupos de empresariales crearon una nueva empresa y contrataron 12 créditos por 849 millones de pesos.
Tres meses después de firmar el contrato, la empresa John Deere Financial México S.A. de C.V., solicitó a un juez de Veracruz el embargo de diversas empresas de la familia Ruiz Anitúa, por el adeudo de 78 millones de pesos.
Así el juez ordenó el embargo de 47 de las más de 100 empresas de la familia. Entre ellas : Desarrolladora de Caminos Y Constructora y Promotora Malibrán, dos de las empresas ganadoras que avalan la construcción de las ciudades judiciales.
El juicio 126/2018 iniciado en Monterrey es en contra de Javier Antonio Ruiz Anitúa, Francisco José Ruiz Anitúa y Candelaria Salas López.
Los negocios con Borge, el compadre
Un mes después de que Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo tomó protesta como gobernador en 2011, Francisco Ruiz Anitúa y otros empresarios crearon el Grupo Desarrollador Rumega S.A. de C.V.
En febrero del 2011, la familia Ruiz también creó la empresa Aerotaxi Villa Rica, a la que el gobernador adjudicó de forma directa 594 millones 590 mil 535 pesos.
Dentro de la carpeta administrativa 151/2017, la Fiscalía de Quintana Roo presentó documentos y testimonios que demuestran que en dos ocasiones Borge obligó a contratar, por adjudicación directa, los servicios de taxi aéreo con la empresa Aerotaxi Villa Rica, propiedad de su compadre Francisco Ruiz Anitúa.
Entre 2011 y 2014, esta empresa, junto a Constructora y Promotora Malibrán y Construcciones de Inmuebles Boca del Río- Veracruz, recibieron contratos por más de 400 millones de pesos.
En 2015, Ruiz Anitúa se hizo compadre de Roberto Borge al bautizarle a su segunda hija.
La Fiscalía Especial en el Combate a la Corrupción de Quintana Roo, investiga al grupo “Cancún” por beneficiarse con múltiples licitaciones.
Borge fue aprehendido en 2017 por el delito de lavado de dinero, y la justicia estatal encontró elementos para vincularlo a proceso por aprovechamiento ilícito del poder.
En una audiencia en mayo pasado, dentro de la carpeta administrativa 151/2017, celebrada en Chetumal, la Fiscalía presentó documentos y testimonios que demuestran que en dos ocasiones Borge obligó a contratar por adjudicación directa a las empresas de Francisco Ruiz Anitúa.
Hombre clave en el gobierno de Borge, Ruiz Anitúa, fue el empresario consentido y se demostró en la asignación de licitaciones públicas por casi 700 millones de pesos para obras de construcción o prestación de servicio a favor de su empresa Grupo Desarrollador Rumega S.A. de C.V.
Por estos hechos en, julio del 2017, Borge solicitó un amparo para evitar una orden de aprehensión.
Amparo indirecto
Los papeles de Panamá y su liga con escándalos internacionales
Entre 2008 y 2014, los Ruiz Anitúa crearon al menos siete empresas offshore en Panamá en paraísos fiscales a través del polémico despacho Mossarck Fonseca ligada a los Panamá Papers.
Las empresas registradas en Panamá fueron creadas para hacer operaciones financieras a través del banco Santander Private Banking International en Estados Unidos y las Islas Británicas. A estas empresas se sumaron como socias las esposas y los representantes legales de otras empresas de la familia.
En 2008, Javier Antonio Ruiz Anitúa ordenó crear la sociedad anónima Lapka Services Corp con sede en Panamá. Como presidente y secretario de esta empresa aparecen, Miguel Castillo Tamayo y Osvaldo Augusto Pizón, respectivamente. Ambos representan al menos a otras 84 firmas en ese país.
Entre 2008 y 2014 se hicieron accionanistas los hermanos Francisco José, María Esther y Valentín Manuel y el intermediario fue el banco Santander.
Las operaciones de los recursos se hacieron a través del Santander Private Banking International (SPBI) que es la Unidad Internacional de la División de Banca Privada Global del Grupo Santander. El banco es para asesorar personas y grupos familiares de elevado patrimonio.
El 29 de abril del 2010 fue creada Vajamara Company S.A., donde los cinco hermanos Ruiz Anitúa son socios accionistas.
En el directorio de la empresa, según la organización opencorporates, están otras sociedades como Cheswick INC. y Eastshore INC., quienes también forma parte del directorio de al menos otras cinco mil empresas creadas.
Cheswick INC. y Eastshore INC., son dos sociedades anóminas creadas por Mossack & Fonseca, que a su vez integran también el directorio de otra empresa, Impressa Group Corp.
Impressa Group Corp es la agencia publicitaria con la que la confesa sobornadora constructora Odebrecht financió parte de la campaña del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
Cheswick INC. es uno de las sociedades que investiga la Fiscalía de Panamá por estar relacionada con sobornos de Odebrecht a través de bancos suizos.
Cheswick INC. y Eastshore INC. fueron creadas por Mossack Fonseca para ejecutar sus operaciones como sociedades “madres” de otras offshore, según se desprende de los propios documentos exhibidos en los Panamá Papers.
Ambas también están registradas como suscriptoras de Macri Group Panama Sa, Bf Corporation S.A., Pymore Ventures Holding S.A. y Rockford Holding Group S.A., todas ellas relacionadas al presidente Mauricio Macri, presidente de Argentina y su entorno.
Pero también uno de sus principales socios, Carlos Francisco Nachón García, creó en junio del 2010 una empresa llamada Kinezal S.A., junto con Virginia Llamas de Nachón, cuyo intermediario también es el banco internacional Santader.
Kinezal tienen jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas.
Entre 2008 y 2014, los Ruiz Anitúa crearon al menos siete empresas offshore en Panamá en paraísos fiscales.
Otra empresa creada es Merino Company en enero del 2008, que entre sus suscriptores tiene a otras sociedades como Enders INC. y Rockall INC., quienes a su vez representan a otras ocho mil 575 empresas en diferentes paraísos fiscales.
El 24 de enero del 2014 se creó la empresa Oakshaw Trading Incorporated, con sede en Panamá, quien señala en su presidencia a otras dos empresas: Monfort LTD y Bravewood LTD, ambas creadas en 2012 en Anguilla, en las islas británicas.
Cuatro días después, el 28 de enero del 2014, Francisco Ruiz Anitúa y Ana María Díaz Barquín, crearon la empresa Calvary Propertier INC., cuyo presidente también es la empresa Monfort LTD. La última empresa creada por Francisco Ruiz Anitúa es del 6 de febrero en 2017, cuando creó en Florida, Estado Unidos, a Eleftheria Propoerty LLC. con el agente inmobiliario Rodolfo Consuegra Álvarez, quien a su vez es parte de 201 empresas en la ciudad.
Pero, ¿qué es una empresa offshore?
María Fonseca Paredes, directora del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, explicó a la revista Alto Nivel que una empresa offshore basa su modelo de negocios en la subcontratación de procesos de negocios de un país a otro.
El offshore es la misma compañía que mueve funciones a otro país; dependiendo de dónde tiene la posibilidad de producir a menores costos de mano de obra, transporte, logística o fiscales, ‘baja’ su operación a otros países. Sin embargo, aún cuando las filtraciones de Los Papeles de Panamá han generado mucho escándalo mediático, en la práctica legal no son ilegales. Juan Manuel Franco, integrante de la comisión fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) expresó que estos paraísos tienen baja o nula legislación, no obstante, siguen dentro de normas internacionales.
“No son ilegales, pues llevar dinero a otro país no es ilegal, ya sea offshore o no; lo que es ilegal es que el dinero no haya pagado impuestos en el país de origen”, expuso el fiscalista.
